25/07/2024
Por: la vanguardia
Todo piso de alquiler turístico que sea habilitado en una comunidad de propietarios deberá tener el visto bueno de una mayoría cualificada de los vecinos. Con este objetivo, el grupo parlamentario socialista presentará, antes de que se acabe la semana, una enmienda al proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, para modificar la ley de propiedad horizontal e intentar frenar la proliferación descontrolada de estos alojamientos que, según denuncia el Gobierno central, están frenando la oferta de alquiler tradicional .
La ley de propiedad horizontal ofrece la posibilidad a todo propietario de poder destinar su vivienda a la modalidad de alquiler turístico. No obstante, si la actividad genera molestias a los vecinos, las comunidades de propietarios sí que pueden limitarla o condicionarla. Por eso se necesita el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios.
Lo objetivo de la enmienda es ampliar este derecho de veto de las comunidades en el momento en que un vecino decida convertir la vivienda en un alojamiento para turistas. Por ello, el propietario debería plantear a la junta de vecinos su intención y en la misma reunión se deberá votar si se autoriza esta actividad. Si una mayoría de tres quintas partes lo rechaza, la vivienda no podrá dedicarse al arrendamiento para turistas. Esta autorización se hará extensiva también a las propiedades que ahora se están alquilando a visitantes i, por tanto, ya se comercializan, pero que no están registradas.
El Gobierno central defiende que esta modificación de la ley de propiedad horizontal, que ahora necesita los votos per sacar adelante en el Parlamento, es un “ajuste quirúrgico”. Además, insiste en la necesidad que la ley de propiedad horizontal ha de considerar los pisos turísticos como una actividad económica más, y, por tanto, deben tener los mismos criterios fiscales que otros negocios, entre los cuales, que soporten un IVA.
Airbnb defensa que el impacto económico de la su actividad en España es de 8.500 millones de euros
La ministra Isabel Rodríguez ya solicitó la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda y ha puesto en relieve en diversas ocasiones que el aumento descontrolado de las viviendas de alquiler turístico están reduciendo los arrendamientos tradicionales y, por tanto, alejando vecinos y trabajadores de los núcleos urbanos. Rodríguez, incluso, defendió directamente prohibir los pisos turísticos “si es el caso que entren en conflicto con el derecho a la vivienda”. Si la instalación de estos arrendamientos entra “en colisión con el desarrollo económico, hay que entrar a prohibir, regular y matizar”, dijo, siguiendo el ejemplo de Barcelona de cara al 2028.
La ministra también reclamó a la plataforma Airbnb, con la que se reunió recientemente, que colabore con el Gobierno central y las diferentes administraciones públicas en la implementación del reglamento europeo para aportar transparencia y ayudar a perseguir el fraude.
La plataforma de alquiler de viviendas y habitaciones de particulares Airbnb defendió ayer, por su parte, que la actividad de sus usuarios y el gasto que hacen los clientes en las destinaciones están impulsando la economía en España y ayudando a mantener 130.000 puestos de trabajo. La compañía aseguró que el impacto económico directo, indirecte e inducido de sus viajes el 2023 fue de 8.500 millones, cosa que aporta a las arcas públicas ingresos de 3.600 millones.
“La actividad de compartir el mismo hogar, una casa de veraneo, la casa familiar del pueblo o una vivienda de alquiler de corta duración genera un beneficio neto positivo para las comunidades locales en España”, aseguró la compañía en un comunicado, que destaca el impacto de su negocio en la hostelería. Airbnb también señaló que, ya que muchos de sus alojamientos están ubicados en áreas sin ningún tipo de oferta de alojamiento tradicional, los ingresos van a parar directamente a los residentes de aquellas localidades.
La limitación afectará también a viviendas que se ofrecen para visitantes pero que no están registradas
El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer el barómetro municipal semestral en que preguntó a los vecinos sobre la eliminación de los pisos turísticos el 2028. El 74,9% de los encuestados están de acuerdo con la supresión de estos alojamientos y el 83,1% dijeron que conocían la voluntad del gobierno de Jaume Collboni.