23/01/2019
Por: api.cat
El decreto ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para cambiar el mercado de los alquileres ha durado 35 días. Su convalidación fue rechazada ayer con los votos de PP, Units Podem, Ciutadans, ERC, UPN, Bildu i Fórum Asturias. La norma, que ampliaba hasta los cinco años la duración mínima de los contratos, obtuvo el soporte del PSOE, PDECat, PNB, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero estos votos no fueron suficientes para la convalidación. Se trata del cuarto decreto ley que se tumba desde que es vigente la Constitución de 1978 y el primero de Pedro Sánchez.
Podemos fue el partido con más responsabilidad en el momento de dejar al PSOE en la estacada (su socio en el proyecto de presupuestos de este año) al votar en contra de la nueva legislación porque no incluye una limitación en los precios del alquiler. Con esta decisión el Gobierno central no consiguió los cambios promovidos por el Ministerio de Fomento, publicados el pasado 18 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con la no-convalidación de la nueva norma se produce una paradoja: "Los contratos que se firmaron entre el 18 de diciembre y el 22 de enero estarán sujetos a un régimen especial", explica Francisco Javier Fajardo Fernández, profesor de derecho civil de la Universidad de Navarra. Es decir, que aquellos propietarios e inquilinos que firmaron un contrato de alquiler de vivienda durante esos días estarán amparados bajo el paraguas en el que se recogían los cambios. De la misma opinión es Joaquín Macías, asociado sénior del derecho inmobiliario del despacho de abogados Ashurt, que comenta que "los contratos firmados durante la vigencia del real decreto se acogen a lo que en él se establecía".
Al contrario, los contractos anteriores y los que se firmen a partir de hoy se regirán por la legislación que había anteriormente, la ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU).
Entre los cambios que fijaba el real decreto derogado destacaban tres aspectos. De una parte, la ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 si el arrendador era persona jurídica).
Por otra parte, se limitaba al propietario a exigir como máximo dos mensualidades de fianza. Finalmente, si el arrendador era persona jurídica (sociedad o empresa) se tenía que hacer cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato.
Para Antonio Carroza, consejero de la empresa Alquiler Seguro, "este real decreto se aprobó sin el consenso de los agentes. No gustó ni a propietarios, ni a inquilinos. Y ayer se vio que tampoco gustaba a los partidos políticos". Este experto explica que a pesar de que los cambios trataban de promover medidas a favor del inquilino, en última instancia incrementaba los precios porque incluía medidas en las que la relación propietario-inquilino "se desequilibraba a favor de este último, con lo que el primero optaba por incrementar el precio del arrendamiento mensual como contrapartida".
El PDECat votó a favor del decreto porque había pactado con el Gobierno medidas fiscales a favor del alquiler de viviendas en aquellas comunidades en las que sí hay índice de referencia de precios, como es el caso de Catalunya, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, se habilitaba a los ayuntamientos la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler de precio limitado.
Con la derogación, estas medidas fiscales quedan también en el aire. Al contrario, ERC votó en contra porque el decreto no incluye un índice que limite los precios abusivos de los alquileres en las grandes ciudades y no se frenan las compras masivas de los fondos de inversión inmobiliarios.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, lamentó desde Bruselas el rechazo en el Congreso al decreto ley de medidas urgentes al mercado del alquiler, porque se trataba de "un proyecto ambicioso, que paraba un problema social".
Los otros siete decretos ley que ha llevado el Gobierno central al Congreso sí que han sido aprobados. Eran medidas urgentes para aumentar pensiones y sueldos del sector público, así como para impulsar medidas fiscales, herramientas macroprudenciales, directivas sobre transporte, el desarrollo de las comarcas mineras y el cine.