14/11/2018
Por: el Periódico
El Congreso de los Diputados ha acordado que los bancos pasen a tener que asumir la mayoría de los gastos de constitución de las hipotecas. La Comisión de Economía de la Cámara alta ha pactado este martes que las entidades financieras tengan que hacerse cargo de los costes de gestoría, notaría y registro, mientras que el pago de la tasación la tendrá que abonar el cliente, que también tendrá que pagar las copias adicionales de las escrituras que solicite, pero no la primera.
La enmienda al proyecto de ley de contratos inmobiliarios que elaboró el Gobierno anterior ha salido adelante con un apoyo amplio de los grupos parlamentarios, pero no unánime. El portavoz socialista en la comisión, Gonzalo Palacín, ha explicado que la medida busca dar "seguridad jurídica a todas las partes y evitar la litigiosidad" que se ha producido después de años en que las "cosas no se han hecho bien". Units Podem no está de acuerdo con este reparto porque quiere que los bancos tengan que asumir todos los gastos, incluido el de la tasación.
El diputado socialista ha explicado que la tasación la pagará el cliente porqué la futura ley le permitirá solicitar la citada valoración del inmueble a la empresa que quiera (hasta ahora era habitual que el banco impusiera la compañía, muchas veces una de su propio grupo). La norma pretende que el cliente pueda llevar su tasación a diferentes bancos para ver qué condiciones hipotecarias le ofrecen. Para lo cual, se incluirá en el texto legal una disposición adicional que homologará las tasaciones, de manera que sean válidas ante cualquier entidad.
Cooperativas y Sareb
La Comisión también ha negociado llevar a una disposición adicional del proyecto de ley el impuesto de actos jurídicos documentados para resolver algunos errores del real decreto del Gobierno de la semana pasada. Así, Ciutadans ha propuesto unas modificaciones para que las cooperativas de crédito y la Sareb pasen a estar obligadas a pagar el tributo, igual que los bancos y las cajas, mientras que las entidades continuarán estando exentas cuando coincidan una hipoteca al Estado, los partidos políticos y la Iglesia, entre otras instituciones. Esta modificación todavía no se ha votado, pero los partidos creen que saldrá adelante.
Los partidos también han pactado que la ley recoja la opción que tienen las partes de pactar la dación en pago (la entrega del inmueble o de los ingresos obtenidos para su venta para saldar la deuda), una posibilidad que ya está reconocida en la ley hipotecaria del 1946 que se quiere reforzar ahora con una exigencia de más transparencia en la información al consumidor. La mayoría se ha opuesto, así, a obligar a las entidades a tener que aceptar la dación en pago por sistema, como proponía Units Podem.
Aspectos sin cerrar
La Comisión de Economía tenía previsto reunirse el martes de la semana pasada para incorporar al proyecto de ley de contratos hipotecarios la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. El retraso de la sorprendente sentencia del alto tribunal, que obligaba a los clientes a pagar el tributo, sumado al cambio legal aprobado por el Gobierno para que lo abonen los bancos, llevó a los grupos parlamentarios a posponer el encuentro hasta este martes. La ponencia de la comisión ha conseguido cerrar diversos acuerdos hasta el artículo 20 del proyecto de ley, pero todavía quedan por negociar 27 artículos más y diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales.
El más arduo de los puntos que quedan por pactar es el que prevé endurecer las condiciones para que las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento de lo hipotecado, paso previo para iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio. El ejecutivo anterior quería que las entidades pudieran iniciarlo si el hipotecado había dejado de pagar las cuotas durante nueve meses (hasta el 2013 eran tres) y la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito o al 4% si se producía en la segunda parte de la vida del préstamo. Los socialistas proponen elevar estos límites al 3% y al 7%, respectivamente. Otro aspecto pendiente es si finalmente habrá o no sanciones para las entidades que no examinen detenidamente la solvencia de su cliente antes de otorgarle el crédito.
Plazos
Al Gobierno le apresura la tramitación del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ya que viene impuesto por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria la transposición de la que ya acumula un retraso de más de dos años y medio desde que venció el plazo para su aprobación previsto en la directiva europea (marzo del 2016). Como consecuencia de este retraso, España está expuesta a un riesgo de sanción millonaria (105.000 euros al día) por parte de la Comisión Europea si la definitiva aprobación de la nueva ley no se produce en las próximas semanas.
Los grupos parlamentarios se volverán a reunir el martes de la semana que viene y creen posible cerrar entonces la ponencia. Su intención es que el proyecto se vote en la Comisión de Economía la semana siguiente. Para llevarlo al pleno del Congreso deberá esperarse hasta principios de diciembre a causa de las elecciones andaluzas. Después pasará al Senado, donde el Gobierno ha instado que se estudie por trámite de urgencia. La previsión es que la ley no entre en vigor hasta después de Reyes.
JAVIER LIZON