11/03/2022
Por: Diari Ara
Revés judicial del Tribunal Constitucional (TC) a las familias que viven de alquiler en Catalunya. El alto tribunal ha hecho oficial que tumba hasta siete artículos de la ley catalana que regula (y limita) el precio de los alquileres, la ley 11/2020. En el pleno de ayer los magistrados decidieron resolver, a favor del PP, el recurso de inconstitucionalidad que presentó el partido contra esta norma. Así lo adelantaba este mediodía El Periódico y posteriormente lo ha confirmado el Sindicat de Llogateres, que se ha apresurado a decir que la sentencia "beneficia el loby inmobiliario". La resolución oficial del TC que confirma la anulación de la norma, pero, no se ha hecho pública hasta esta tarde. "A efectos prácticos, parte de la ley queda tumbada en el momento en que se hace pública la resolución del TC", corroboran los portavoces del sindicato, que fue el impulsor de la norma.
El Constitucional alega, en su decisión, que los artículos anulados –que hacen referencia sobre todo a los contratos que se tienen que firmar en las en las zonas nombradas como "tensionadas"– suponen "una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado", que, según la Constitución, es quien tiene la potestad de regular las bases contractuales en materia civil.
La decisión ha provocado el rechazo tanto del movimiento a favor del derecho a la vivienda como de los partidos políticos catalanes que dieron apoyo a la ley: JxCat, ERC, comuns y la CUP. La propuesta entró al Parlament en Julio del 2020 –después de meses de redacción y configuración entre el Sindicat de Llogateres y la conselleria de Justícia– y fue aprobada en septiembre por 71 votos a favor (JxCat, ERC, comuns y CUP) y 63 en contra (PSC, Cs, PP, PDECat y Demòcrates) y con un gran consenso social avalado por el apoyo de más de 4.000 entidades sociales catalanas. En una comparecencia conjunta entre sindicato y partidos, esta misma tarde, la portavoz del movimiento para la vivienda, Carme Arcarazo, ha señalado que el TC "ha hecho el trabajo sucio a la derecha y a la patronal inmobiliaria". "Lo que ha pasado hoy es realmente gravísimo –ha insistido Arcarazo–. La sentencia deja desprotegidas a más de 160.000 familias que habían firmado un contrato con esta Ley y también al conjunto de ciudadanos que se podían haber beneficiado de ella próximamente". La resolución del TC, pero, apunta que la suspensión de la Ley es "a futuro" y, por tanto, los contratos firmados hasta el momento mantienen sus condiciones.
"Esta Ley fue una victoria histórica y se ha demostrado exitosa", ha recordado el otro portavoz del sindicato, Enric Aragonès, que ha remarcado que "es tan efectiva para los vecinos que se han acogido a la regulación ayuntamientos de todos los partidos políticos, incluso de los que votaron en contra". Los partidos que dieron apoyo a la norma han coincidido con el sindicato que la suspensión parcial de esta Ley no les parará. "Buscaremos la manera de blindar la regulación, para eso hace falta impulsar la LAU catalana", ha dicho Marta Vilalta, d'ERC. Los comuns y la CUP también han dado apoyo a la ley de arrendamientos catalana. "El TC es herramienta del PP para ponerse al servicio de los especuladores", ha añadido de parte de En Comú Podem la diputada Susanna Segovia. Desde la CUP, Montserrat Vinyets ha instado a los jueces a aclararse: "No puede ser que el CGPJ critique la ley de vivienda española porque invade competencias de las comunidades y que unos días después el TC diga que el problema de competencias es que la competencia es del gobierno español". Por su lado, desde Junts (el partido que puso más enmiendas a la ley) la diputada Glòria Freixa ha apostado por "analizar bien" la decisión judicial y seguir legislando pero de manera "más fiable".
Una ley que "funciona"
En el último año y medio, según los datos publicados por el Incasol, la ley ha servido para contener o rebajar el precio de los alquileres en muchos de los municipios que se habían adherido t a la calificación de mercado tenso –precisamente la parte de la regulación que el TC deja sin efecto– y ha beneficiado, según los cálculos del sindicato, a más de 160.000 inquilinos el último año. Según sus cálculos, desde que entró en vigor el precio de los alquileres se había bajado una media de un 5% en las ciudades reguladas, donde vive el 70% de la población catalana.
Además de la comparecencia pública de esta tarde, los portavoces del sindicato ya han avanzado que se está preparando un encuentro de urgencia con el Govern que se concretará las próximas horas. Además, también han hecho un llamamiento a la ciudadanía para protestar contra la decisión del TC el sábado a las seis de la tarde.
Lejos de estas opiniones, al otro lado, esta tarde el sector inmobiliario ya comenzaba a celebrar la decisión del TC. El portavoz del portal Idealista, Francisco Iñareta, se ha apresurado a decir que la suspensión "supone una buenísima noticia para el mercado del alquiler en Catalunya". "La suspensión, aunque era esperada, supone un alivio para los propietarios y sobre todo para las familias, que durante este tiempo han sufrido en carne propia las dificultades para encontrar de encontrar vivienda", dice Iñareta, que mantiene que la ley ha reducido la oferta de alquiler y no ha tenido impacto en los precios. "Las autoridades catalanas tendrían que tomar nota", remata.
Escenarios opuestos en Catalunya y Madrid
I mientras en Catalunya la ley promovida por los movimientos para la vivienda digna queda descabezada por el TC, en Madrid un acuerdo in extremis entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya ha permitido al gobierno español salvar la ley española de vivienda en el Congreso . La norma española, que pretende hacer extensiva la regulación de los alquileres en todo el Estado, está inspirada, precisamente, en la norma catalana que ahora queda recortada, aunque los expertos califican la española de más "descafeinada" o limitada. Así, el compromiso de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de respetar el marco competencial de las autonomías ha comportado que los republicanos voten en contra de las enmiendas de devolución del texto del ejecutivo, que ahora podrá seguir adelante. Vilalta ha explicado que los republicanos han aceptado tramitar la ley estatal porque "aunque el punto de partida es nefasto", esto permitirá "mejorarla, respetando las competencias de las comunidades".